Petro Pide Libertad Diaria para Epa Colombia

El presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado para que la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, pueda salir de prisión diariamente, basándose en la Ley 2292 de 2023. Esta normativa permite que madres cabeza de familia condenadas puedan trabajar fuera de la cárcel.
“Petro, si tú me estás escuchando, ayúdame salir de acá, porque es muy duro estar acá, no merezco estar acá. Afuera estoy haciendo muchas cosas, muchísimo más grandes, todos merecemos una segunda oportunidad y yo merezco una segunda oportunidad”, dijo Barrera a Noticias RCN.

Epa Colombia ha pedido clemencia al presidente desde la cárcel Buen Pastor, argumentando que su detención ha sido dura y que merece una segunda oportunidad.
La Ley 2292 está diseñada para beneficiar a mujeres que han sido condenadas por delitos menores y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica.
Sin embargo, la aplicabilidad de esta ley en el caso de Barrera es cuestionable. Aunque el presidente afirma que cumple con las condiciones, la influenciadora ha logrado establecer un negocio exitoso en el área de belleza y posee propiedades, lo que podría contradecir el principio de vulnerabilidad requerido por la ley.
Barrera está cumpliendo una condena de 46,2 meses por delitos relacionados con las protestas del paro nacional de 2019. Mientras el presidente busca una salida para ella, el debate se intensifica sobre las implicaciones de la ley y el contexto en el que se aplica.

¿Tendrá Epa Colombia la Oportunidad de Salir de la Cárcel a Trabajar?
La posibilidad de que Daneidy Barrera Rojas, reciba permiso para salir de prisión diariamente a trabajar está rodeada de complejidades legales y éticas.
Por un lado, Barrera ha demostrado su capacidad para generar ingresos significativos a través de su negocio de keratinas y otros emprendimientos, lo que podría interpretarse como una falta de la condición de vulnerabilidad que la ley busca abordar. Su situación financiera podría desestimar la aplicación de esta normativa en su caso, ya que la ley está destinada a aquellas que, por circunstancias de vida, enfrentan dificultades para mantener a sus familias.
Por otro lado, la naturaleza de su condena relacionada con actos de vandalismo y daño durante el paro nacional de 2019, lleva implícitas consideraciones sobre la justicia social y la reintegración. Algunos podrían argumentar que, independientemente de su situación financiera, la posibilidad de reintegrarse a la sociedad y contribuir positivamente debería ser prioritaria, porque ofrece a las personas la oportunidad de aprender de sus errores y convertirse en miembros productivos de la comunidad. Al apoyar a quienes buscan cambiar, se reduce la reincidencia y se fortalece el tejido social. 

El presidente Petro ha creado un precedente al solicitar la aplicación de esta ley para una figura pública, lo que podría abrir un debate más amplio sobre la justicia penal en Colombia y cómo se trata a los individuos condenados por delitos en un contexto de protestas y movilización social.